Si bien la Madre de la menor H.L.A. inicialmente promovió acción de amparo a los fines de alcanzar dicho objetivo, la acción conjunta, coordinada y comprometida del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Articulación Ciudadana, la Defensoría Oficial y de Menores dependiente del Ministerio Público, el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones n° 3 de Viedma y la Fiscalía de Estado Provincial, permitió paliar la necesidad de la amparista exitosamente.

Así fue que gracias a la predisposición de la amparista y al trabajo conjunto de los diferentes estamentos gubernamentales involucrados, mediante una erogación superior a los $ 660.000, se proveyó a la Joven de una silla de ruedas autopropulsada diseñada y fabricada específicamente para su destinataria quien la recibió con alegría y satisfacción, en tanto el bien recibido le permitirá desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles.

Para el Estado, este logro no solo significó cumplir la obligación de amparar derechos individuales de una ciudadana especialmente tutelada por el ordenamiento legal, sino hacerlo sin que sea necesario el dictado de una sentencia judicial que lo condene y obligue compulsivamente y con la satisfacción del objetivo alcanzado por el esfuerzo colaborativo.